En un fallo emitido por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Rosel G., abogada y madre, ha sido condenada a una pena de 2 años y 5 meses de prisión por ser culpable de un delito continuado de denuncia falsa, así como de otros dos delitos contra la integridad moral. La acusada había presentado en nueve ocasiones falsas denuncias contra su exmarido, acusándolo de abuso sexual contra la hija de ambos. Como resultado de su accionar, deberá indemnizar a su hija con 20.000 euros por daños morales.

La sentencia, a la que Europa Press ha tenido acceso, deja en claro que la acusada también está obligada a indemnizar con la misma suma a su excompañero sentimental, de quien se separó en 2017. Sin embargo, fue a partir de la solicitud de régimen de custodia compartida presentada por él en el proceso de divorcio en 2018 cuando comenzaron las falsas denuncias.

La jueza encargada del caso resalta que todas las acusaciones presentadas por la madre contra el padre de la menor provocaron, en todos los casos, acciones legales que terminaron siendo archivadas debido a la falta de «indicios de veracidad» en los hechos denunciados, según los informes forenses presentes en el caso.

De hecho, los múltiples reconocimientos, entrevistas y exámenes ginecológicos realizados a la menor, en total nueve, generaron en ella una fobia hacia el hospital y el personal médico. Además, experimentó miedo, llanto y sollozos, llegando al punto de que algunos de los exámenes no pudieron completarse debido a su sufrimiento. Su estabilidad psicológica se vio afectada, así como su desempeño académico debido a las ausencias injustificadas en clase, lo que llevó a la escuela a iniciar un expediente de absentismo escolar que luego fue archivado.

Durante el periodo en que se presentaron las denuncias, corrió el rumor entre las personas cercanas al padre, quien es profesor de profesión, de que estaba siendo acusado de abuso a su hija. Esto provocó reacciones desagradables e incómodas por parte de los padres de la escuela y el círculo de amigos, llegando incluso a ser increpado en público. Estas circunstancias afectaron su estabilidad emocional, tranquilidad y paz mental, tanto por los rumores como por la situación de estar privado de la compañía de su hija durante largos periodos.

La jueza Isabel Miñán García, en la sentencia que se ha dado a conocer gracias al diario ‘El Mundo’, expone que «desde que la menor tenía dos años, la madre tenía conocimiento de que su hija sufría de vulvovaginitis, como han acreditado los diversos informes de los pediatras y las consultas médicas en las que la madre siempre estuvo presente y tenía conocimiento del tratamiento, que incluía el uso de una crema. Por lo tanto, no es creíble que desconociera esta condición».

Durante el juicio, que se prolongó durante nueve horas, la acusada afirmó que su única intención era proteger a su hija. Sin embargo, la jueza advierte que nueve denuncias archivadas «no pueden ser ignoradas en modo alguno, ya que denotan plena conciencia de los actos cometidos». La acusada continuó presentando denuncias de manera repetida a pesar de los archivos previos, lo que demuestra que era plenamente consciente de sus acciones, especialmente teniendo conocimiento de las infecciones que la menor padecía desde temprana edad y del tratamiento que debía seguir.

En uno de los primeros informes forenses realizados tras una de las denuncias, se determinó que «no es protección a la niña acudir continuamente al Servicio de Urgencias para denunciar supuestos abusos sexuales, y, en cambio, no asistir a la pediatra de cabecera para tratar la afección de la menor».