La usurpación ilegal de viviendas es un problema que puede afectar a los propietarios en todo el mundo, a menudo conocida como «okupación«, es cuando individuos o grupos acceden y se establecen en una propiedad sin la autorización del propietario. En España, este derecho está respaldado y garantizado por el artículo 18.2 de la Constitución Española.

Esta ley garantiza la inviolabilidad de la primera vivienda y reconoce este importante derecho y la protección de intrusiones no autorizadas.

La usurpación ilegal de viviendas “okupación”  se ha convertido en un problema creciente en muchos lugares. A menudo, grupos o individuos ocupan viviendas vacías o propiedades secundarias sin la autorización del propietario, lo que puede causar graves problemas y conflictos legales.

La vivienda es uno de los derechos fundamentales en una sociedad democrática, y en España, la Constitución garantiza la inviolabilidad de la primera vivienda como un pilar esencial de la protección de los ciudadanos. En el artículo 18.2 de la Constitución Española, se establece la inviolabilidad del domicilio como un derecho sagrado, pero ¿qué implica exactamente este artículo y cómo se traduce en la vida cotidiana de las personas?

(Artículo 18) 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.)

Esta cláusula, breve pero poderosa, parte integral de la Carta Magna española, consagra y establece de manera clara y categórica la el principio de la inviolabilidad del domicilio o vivienda como un derecho constitucional. En términos simples, significa que ningún individuo o entidad, incluidas las autoridades gubernamentales, pueden entrar o registrar la vivienda de una persona sin su consentimiento o sin una orden judicial que lo autorice. Esta disposición no solo protege el espacio físico de la vivienda, sino también la privacidad y la intimidad de quienes la habitan. Reconoce que la vivienda principal, aquella que constituye morada (el hogar habitual de una persona), merece una protección especial, una salvaguardia legal más sólida. Es importante destacar que esta protección se extiende no solo a la vivienda en sí misma, así como la intimidad de las personas que la habitan sino también a los espacios anexos y privados que forman parte de ella.

Subrayar que, aunque la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, no es absoluto y puede ceder en casos excepcionales, como cuando existe un delito flagrante, la prevención o investigación de delitos graves o mediante una resolución judicial debidamente fundamentada. Sin embargo, esta medida se toma con la debida consideración de los derechos y garantías individuales.