En medio de intensas protestas sociales que sacuden al país, el Parlamento francés ha aprobado un controvertido proyecto de ley que otorga a la policía la capacidad de acceder de forma remota a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de personas bajo investigación por delitos penados con al menos cinco años de prisión. La medida, inserta en un artículo que contempla diversas disposiciones, forma parte de una ambiciosa reforma judicial que estará vigente en el período 2023-2027.
Con un resultado de 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional gracias al apoyo de los diputados de la bancada presidencial, Los Republicanos y el partido de Emmanuel Macron, Renaissance, así como del Partido Socialista. Sin embargo, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por el comunista Jean-Luc Melénchon, y la derecha encabezada por Marine Le Pen rechazaron enérgicamente la medida. A pesar de ello, algunos senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas cambiaron su posición tras las recientes semanas de protestas y violencia en diversas ciudades del país, propiciando así la aprobación de la legislación que se encontraba estancada en el Congreso.
Con la promulgación de la ley pendiente por parte del Presidente de la República en los próximos 156 días, los legisladores que se oponen aún podrán recurrir al Consejo Constitucional en busca de reconsideración.
La nueva normativa plantea un sistema que requiere la autorización expresa del usuario antes de que las autoridades policiales puedan activar la cámara y el micrófono de los dispositivos móviles. Esto implica que los usuarios tendrían que instalar una aplicación y otorgar permisos específicos para que se pueda llevar a cabo esta acción. No obstante, algunos expertos sostienen que, en la práctica, será difícil obtener dicha autorización del usuario, y sugieren la implementación de una ley o decreto que permita a los operadores de telefonía móvil cumplir con estas acciones bajo ciertas circunstancias.
En cuanto a la geolocalización de los dispositivos, el procedimiento para las autoridades policiales se facilitará, ya que podrán realizar el seguimiento a través de los operadores de telefonía móvil, utilizando el identificador del dispositivo móvil (IMEI) para rastrear la ubicación de los sospechosos. Esto, sin duda, plantea interrogantes sobre el respeto a la privacidad de las personas bajo investigación.
La primera parte de la legislación permitirá el seguimiento en tiempo real de los movimientos de personas bajo investigación, mientras que la segunda parte autoriza a las autoridades policiales a captar a distancia el sonido y las imágenes de aquellos buscados por casos de terrorismo y delincuencia organizada. Esto incluirá la grabación de comunicaciones de voz mediante el uso del micrófono y el análisis de secuencias de video a través de la cámara.
El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, quien ha sido un ferviente impulsor de esta ley, ha afirmado que solo afectará a un número reducido de casos al año, pero las críticas de los grupos parlamentarios de izquierda no se han hecho esperar. El bloque de Francia Insumisa (LFI) denuncia una deriva autoritaria y argumenta que esta ley atenta contra la vida privada de las personas. En respuesta a estas inquietudes, los legisladores oficialistas aseguran que la legislación contempla garantías y que su aplicación estará restringida a los casos más graves, contando con una autorización inicial de 15 días, renovable con el permiso de un juez hasta alcanzar un máximo de seis meses.
Asimismo, la normativa excluye ciertas profesiones, como médicos, periodistas, abogados, jueces y diputados, de ser objeto de vigilancia. Esto ha generado controversia, ya que algunos argumentan que esta selección debería ser revisada y ampliada para garantizar los mismos derechos y protección para toda la población.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales, como La Quadrature du Net, han rechazado categóricamente esta iniciativa, expresando preocupación por la privacidad de las personas y destacando el riesgo de convertir las herramientas digitales en instrumentos de vigilancia sin el conocimiento del público.
El debate continúa en Francia sobre los límites entre la seguridad y la privacidad, mientras el país se prepara para enfrentar los desafíos legales y éticos planteados por esta nueva ley de amplio alcance.
